La presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, signó la renovación del “Convenio Interinstitucional de Tutores” con el Poder Judicial y con el Municipio de Aguascalientes, a través del cual se optimiza la representación legal de los menores de edad e incapaces, cuyos intereses están implicados en un litigio.
En presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, Ramírez de Orozco agradeció a todas las instituciones involucradas en este acuerdo su disposición para proteger los derechos de las personas más vulnerables, contribuyendo a una impartición de justicia siempre apegada a la legalidad.
Mencionó que la Unidad Interinstitucional de Tutelas, en la que participan servidores públicos de diferentes instituciones de gobierno, reviste una gran importancia social, ya que los trámites legales donde los menores de edad e incapaces están inmersos, se podrán desahogar de una forma más rápida y eficaz, evitando el desgaste emocional que involucra un procedimiento legal.
“Quiero reiterarles el compromiso de este gobierno de velar por las familias, que son la base de la sociedad, impulsando acciones encaminadas al fortalecimiento de la persona”, expresó.
Resaltó que este convenio es el resultado de la suma de esfuerzos por una causa común, que es la defensa legal de los sectores más vulnerables de la sociedad, en donde se asegura una representación jurídica más ágil.
Agregó que con el funcionamiento de esta unidad se mitiga el diferimiento de audiencias, dejando atrás el problema de que los servidores públicos asignados a un caso en particular no podían asistir porque se encontraban rebasados en sus labores, lo cual obstaculizaba la administración de justicia.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, manifestó que la creación de esta Unidad Interinstitucional de Tutores, conformada por expertos en derechos humanos de la infancia, pertenecientes a cada una de las instituciones participantes, constituye una respuesta exitosa a la obligación del Estado de dar una solución más eficiente y rápida donde se vean inmiscuidos los intereses de menores e incapaces.
Resaltó que en este convenio se unen más instituciones y esto sin duda alguna, dijo, terminará con los problemas de diferimiento de audiencias, que era un problema recurrente y tortuoso para todos los involucrados en un asunto legal, afectando con ello a los más vulnerables.
Destacó que este tipo de acciones abonan a construir un mejor Estado porque protegen a la familia, que es el núcleo esencial de la sociedad, y buscar su reestructura y saneamiento tiene un valor incalculable para una mejor convivencia social.
Asimismo, dijo que con este acuerdo se ve cristalizado un esfuerzo compartido, en donde se pondera el bienestar legal de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a fin de que la gente más vulnerable encuentre una respuesta a sus necesidades.
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