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Con ello, brindan facultades al titular del Poder Ejecutivo Estatal para nombrar de forma directa a los directores de organismos descentralizados.
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Diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales enfatizaron que dicha modificación propiciará una mejor eficiencia administrativa y mayor margen operacional, sin trastocar la autonomía de entidades.
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Por otro lado, avalaron un Punto de Acuerdo, a través del cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que convoque a un período extraordinario de sesiones, en el que se debata y en su caso, se apruebe la Minuta de Reforma a la Constitución de la República en materia de reforma política, además de los Decretos de Reforma Laboral y de la Ley de Seguridad Nacional.
Este martes, aprueba por mayoría la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el legislador Gregorio Zamarripa Delgado, la iniciativa turnada por el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, mediante la cual se reforma la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.
De acuerdo a lo referido por el legislador Zamarripa Delgado, el documento establece entre otras cosas, la facultad del titular del Ejecutivo Estatal para nombra de forma directa a los directores de organismos públicos descentralizados.
Momentos antes de la votación del citado dictamen, el diputado Arturo González Estrada, vocal de la Comisión, propuso se ampliara el análisis y consenso de la iniciativa, al señalar que se revisara con detenimiento, puesto que el proyecto presenta “una tendencia centralista” de la administración pública y le parecía que con esta reforma se le “restaría autonomía a las entidades paraestatales.
Consideró que se debería abrir el diálogo con el Ejecutivo Estatal, con el propósito de enriquecer y profundizar la iniciativa que fue turnada en la sesión plenaria del pasado jueves 05 de mayo.
Por su parte, el diputado Mario Guevara Palomino, integrante de la Comisión, negó que la reforma a dicha ley disminuya la autonomía de los organismos públicos descentralizados, toda vez que no se trastocan sus atribuciones, al conservar su personalidad jurídica y patrimonio propio.
El legislador Guevara Palomino agregó que sólo se establece una nueva visión para establecer nombramientos por parte del gobernador, y se impulsa la eficacia y eficiencia en los procedimientos operacionales y organizativos de la institución.
Sobre el mismo tema, el secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Miguel Ángel Juárez Frías, aseveró que en ningún momento se modifican contenidos de forma, por lo que el cambio sólo es conceptual.
Abundó que al impulsar la iniciativa turnada por el mandatario estatal, se está brindando certeza jurídica al procedimiento de nombramientos de jefes y directores de las entidades paraestatales.
Al hacer uso de la voz, el diputado Gregorio Zamarripa, enfatizó que al interior de la comisión que preside, ha prevalecido el consenso y el diálogo con todos los sectores involucrados sobre los diversos temas que competen a la Comisión.
Cabe mencionar que la propuesta del diputado Arturo González Estrada -antes mencionada- fue rechazada por mayoría, y por consiguiente se registró el voto en contra del dictamen del legislador antes mencionado.
En otro asunto, fue aprobado por mayoría el Punto de Acuerdo que presentó el diputado José Luis Novales Arellano, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, a través del cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que convoque a un período extraordinario de sesiones, en el que se debata y en su caso, se apruebe la Minuta de Reforma a la Constitución de la República en materia de reforma política, además de los Decretos de Reforma Laboral y de la Ley de Seguridad Nacional.
Al hacer uso de la voz, el diputado Mario Guevara Palomino, consideró que la petición de su homólogo panista, es viable y apegada a la realidad política, luego de que no puede seguir subsistiendo “un sistema político del siglo antepasado en un México del siglo XXI”, y en ánimos de construir un país y un estado donde impere el progreso es que mi voto es a favor del Punto de Acuerdo, acotó.
Por su lado, el legislador Marco Arturo Reyes Delgado, vocal de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al expresar su voto en contra del Punto de Acuerdo, aseveró que avalar dicho exhorto sería un “tropiezo”, porque el Congreso del Estado no cuenta con la facultad, y por respeto a la legalidad y facultades de este Poder Legislativo, no es viables votar a favor.
En su oportunidad, el diputado Arturo González Estrada, aseguró que no se invade ámbitos competenciales, por el contrario, y calificó de acertado impulsar el proyecto que modernice la vida política del país, y sólo es una invitación al Congreso de la Unión, señaló.
Al continuar con el desahogo del orden del día, fue avalada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma de diversos artículos de la Constitución Política Federal, turnada por la Cámara de Senadores, a través de la cual se eleva a rango constitucional las garantías individuales.
Sobre el tema, el diputado Miguel Ángel Juárez Frías, celebró que en el senado haya sido aprobado este tipo de reformas que reconoce los derechos humanos y se le brinda una jerarquía apegada a los Tratados que signó el estado mexicano con otros países.
A su vez, el legislador Marco Arturo Reyes, recordó que el pasado mes de abril el Congreso organizó un foro en el que se debatió y analizó dicho tema, y en el que se coincidió en la necesidad de brindarle certeza jurídica y protección a los derechos humanos.
Por su parte, el diputado Gregorio Zamarripa Delgado, señaló que esto fue parte de un reclamo ciudadano, por lo que desde ahora las instituciones del país se deben apegar a los lineamientos internacionales en materia de protección y reconocimiento de los derechos humanos.
Enseguida, fue avalado por unanimidad el dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política Federal, presentada por los Senadores de la República, con el que se establece, entre otras cosas, que el inculpado por el delito de trata de personas, se le dicte prisión preventiva en tanto se resuelve su procedimiento penal.
Sobre el particular, el legislador Mario Guevara Palomino, señaló este era un tema pendiente en la agenda nacional, ya que lamentablemente grandes redes del crimen organizado obtienen dividendos por el abuso de y tráfico de personas. Celebró que con dicha reforma se proteja en todos sentidos la dignidad e integridad del ser humano, al tiempo de señalar que ésta es una asignatura pendiente en el ámbito local, por lo que se debe revisar de manera integral la legislación al respecto.
Por su parte, el diputado Arturo González Estrada, lamentó que los casos de trata de personas van en incremento, al registrarse situaciones que han puesto en riesgo la vida y atentan contra la dignidad de las personas, como es en el caso específico de los migrantes centroamericanos que se trasladan hacia la frontera de México con Estados Unidos.
Al respecto, el legislador Gregorio Zamarripa Delgado, dijo que esta reforma viene a resolver parte de dicha problemática, al reconocer y garantizar la protección del migrante extranjero y nacional.
De igual forma, fue avalado por unanimidad, el dictamen que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º y se reforma el artículo 73 de la Constitución Política Federal, mediante la cual se obliga al estado a hacer efectivo el derecho a la práctica del deporte y fomentarlo a través de sus respectivas instituciones y programas.
Asimismo fue aprobado por unanimidad el dictamen mediante el cual se desecha por improcedencia la iniciativa de reformas la artículo 27 A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientenses, presentada por la entonces diputada Nora Ruvalcaba Gámez.
El documento planteaba la creación de una Unidad de Auditoría Forense del Órgano Superior de Fiscalización para detectar conductas fraudulentas o actos de corrupción en la administración pública.
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