Doce infancias robadas: Ale Peña exige investigar omisiones en caso “Tormenta del Oeste”

• La diputada presentó un Punto de Acuerdo para exigir informes al Ayuntamiento, investigaciones a fondo y seguimiento legislativo por el caso del bar donde fueron rescatados 12 menores de edad.

• Advirtió que el Congreso no puede guardar silencio frente a una falla institucional de este tamaño. “¿Cómo es posible que las autoridades encargadas de la inspección, verificación y seguridad no lo notaran?”, cuestionó desde tribuna.

La diputada Ale Peña presentó un Punto de Acuerdo para exigir rendición de cuentas, investigaciones exhaustivas y seguimiento institucional tras el caso del bar “Tormenta del Oeste”, donde fueron rescatados 12 menores de edad víctimas de delitos graves como trata de personas, explotación sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y extorsión con material íntimo; un hecho brutal que también exhibe que, como sociedad, se les falló a esas niñas.

Desde tribuna, la legisladora colocó el tema en su verdadera dimensión: no solo como un hecho criminal atroz, sino como una muestra devastadora del desamparo institucional frente a la infancia. “Hace apenas unos días, el pasado 7 de marzo, nuestra sociedad se estremeció al conocer el desmantelamiento del bar denominado ‘Tormenta del Oeste’. Un operativo que derivó en el rescate de 12 menores de edad que eran víctimas de la más vil explotación. Doce infancias robadas”, expresó.

Ale Peña subrayó que lo más alarmante del caso es que el establecimiento no operaba en la clandestinidad, sino a plena vista, durante años y en una zona céntrica de la ciudad. Por ello, lanzó una de las preguntas más contundentes de su intervención: “¿Cómo es posible que las autoridades encargadas de la inspección, verificación y seguridad no lo notaran?”.

En el Punto de Acuerdo, la diputada plantea que el Ayuntamiento de Aguascalientes remita un informe oficial, detallado y pormenorizado sobre el estatus legal del establecimiento, el número de inspecciones realizadas en los últimos 24 meses y la atención dada a reportes o quejas ciudadanas. Además, exhorta a la Fiscalía General del Estado y a los Órganos Internos de Control a investigar posibles omisiones o negligencias por parte de servidores públicos responsables de la supervisión del lugar.

La legisladora fue enfática al marcar una línea política y ética frente al caso: “Quienes me conocen, saben que hablo de frente. Y precisamente por un respeto irrestricto al Estado de Derecho y a la presunción de inocencia, no seré yo quien dicte sentencias por adelantado ni asuma delitos antes de que existan imputaciones formales. Pero que quede muy claro: tampoco seré cómplice con mi silencio”.

Ale Peña llamó al Congreso a actuar con firmeza y sin simulaciones. “No podemos voltear hacia otro lado frente a este nivel de inacción. Aprobar este acuerdo es enviar un mensaje unánime y contundente: en este Congreso no cerramos los ojos, no encubrimos inacciones y, sobre todo, no toleramos omisiones institucionales que pongan en riesgo la vida y la dignidad de nuestras infancias”, sostuvo.

El Punto de Acuerdo también propone que la Comisión de Justicia y Seguridad Pública dé seguimiento permanente al caso y presente un informe sobre posibles reformas para endurecer la supervisión de establecimientos de alto riesgo y sancionar con mayor severidad la omisión de autoridades responsables.