- Enfermeras de Aguascalientes acusan represión, amenazas y uso electorero del programa social
- Sin contratos formales ni seguridad laboral, fueron forzadas a censar votantes, entregar tarjetas para becas y trabajar fuera de horario
- En todo el país es la misma situación
Un grupo de enfermeras del programa federal “Salud Casa por Casa” en Aguascalientes, solicitan la intervención del delegado de los programas del bienestar Aldo Ruíz, ya que han padecido de abusos laborales, hostigamiento y la falta de pagos puntuales, luego de varios meses de colaborar en condiciones precarias y sin certeza jurídica.
Desde el inicio del programa, las trabajadoras afirman que dejaron empleos estables confiando en un esquema formal de trabajo, el cual inició el 3 de febrero con retrasos, confusiones y sin contratos escritos. Aunque se les prometió libertad de horarios y funciones exclusivamente sanitarias, pronto se les comenzó a exigir la realización de censos de adultos mayores y personas con discapacidad, tareas que originalmente no correspondían a su rol.
“Nos decían que los viáticos estaban incluidos en el pago, pero ni siquiera nos daban para las copias de los documentos que nos pedían,” relata una de las enfermeras. A lo largo de los meses, se les obligó a entregar tarjetas de becas estudiantiles e incluso a realizar visitas casa por casa en contextos electorales, en compañía - y la presión - de Servidores de la Nación.
Las trabajadoras cuentan con audios, capturas de pantalla y pruebas documentales donde se evidencian presiones indebidas, solicitudes de ubicación en tiempo real, mensajes enviados de madrugada y amenazas por parte de coordinadores del programa. También se reportó un ambiente de constante intimidación, con exigencias de diez visitas diarias, tareas administrativas extra y nula capacidad de organización de su agenda laboral.
La situación empeoró a finales de junio cuando no recibieron el pago correspondiente al mes trabajado. Algunas trabajadoras decidieron dejar de asistir hasta tener una respuesta formal, pero eso detonó nuevas amenazas: “Nos hablaron para advertirnos que las bajas venían de oficinas centrales y que podrían quitarnos el apoyo si seguíamos protestando,” afirma otra integrante del grupo.
El viernes 4 de julio, varias enfermeras fueron llamadas a entregar su equipo médico sin previo aviso, en una situación que califican como un despido disfrazado. Algunas relatan que se les quiso hacer firmar renuncias bajo el argumento de que el trabajo era “por apoyo” y no un empleo formal (como las mentadas suplencias y contratos patitos que pululan en el sector salud por décadas, destrozando con los sueños de una base y pensión digna).
Además, tras una búsqueda propia, las denunciantes aseguran que una doctora que coordina el programa no cuenta con cédula ni título profesional. También refieren otros casos de personal contratado sin acreditar formación médica.
Cabe señalar que hay denunciantes que prefieren dejar sus cargos y seguir buscando oportunidades reales para asegurar su futuro; pero que los mismos no sean ejemplo para que nadie se atreva a alzar la voz por exigir los derechos, pues sería una forma de auto censura que afecta principalmente a la salud mental, de por sí ya causada con el estrés laboral al que son sometidas en dicho programa.
#FomentandoLaOpiniónPública 🗣️
La cosecha es abundante. Y los jornaleros pocos. Con palabras bien dichas , con HONESTIDAD,, y con pruebas de su TRABAJO. Y con responsabilidad.y con unidad, Hagan valer su inconformidad ,soy Enrique Díaz Moreno de Manzanillo Colima
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