LOS ABUSOS DE CAASA Y LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE

* El Municipio ante la nueva arbitrariedad de CAASA.

* Factura por 21 días, para cobrar 13 meses en este año.

* Investigación del Municipio pone a flote esta maniobra.


Por: René Galindo Solís.

La revelación en un diario local que la Concesionaria del Agua, viene expidiendo facturas cada 21 días que la conduzca a  cobrar  un mes más en lugar del período normal de  12 meses,  para obtener ganancias extras ilegales, es algo que no se puede soslayar  en ningún medio de comunicación.

Esta práctica, establecida por la nueva administración de CAASA, que afectará  la economía de miles de usuarios en Aguascalientes, fue hecha pública, por el Director de CCAPAMA, Refugio Muñoz de Luna, por indicaciones  de la alcaldesa panista  María Teresa Jiménez Esquivel, para revisar las prácticas dolosas de la concesionaria y tomar las medidas correspondientes.

La facturación irregular  según  informa  Muñoz de Luna fue detectada por una investigación interna y se comprobó que   se cobra no sólo en numerosas colonias populares, fraccionamientos de clase media y aún en zonas residenciales,  pero   además se espera detectar este  abuso en  viviendas  de la ciudad y su periferia.

Relató  Muñoz de Luna,  que en  la audiencia pública de los “Miércoles Ciudadanos” se conoció esta nueva violación, ante  las crecientes demandas de aclaración, de decenas de   usuarios, extrañados  por la  frecuencia de los cobros  y  los recibos de pago; algunos de los cuales, -sin exageración-   han rebasado ,sumas por cientos o  de miles de pesos, según informó antes, el mismo Ayuntamiento.

La noticia, despierta expectación, porque  parece indicar que la Alcaldesa Teresa  Jiménez Esquivel y su respectivo equipo  (jurídico y de trabajo), dan los pasos para que el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado (como se mencionó inicialmente en el título de concesión), se investiguen  más a fondo las constantes omisiones y violaciones a las obligaciones que CAASA contrajo y probablemente se otorgue a otra empresa u organismo privado afín.

De la remunicipalización.

Por otra parte la  prestación  del servicio y obras inherentes, de nuevo  por el Ayuntamiento, parece descartarse, para cubrir las necesidades de una ciudad y conurbación en desbocado crecimiento como Aguascalientes, principalmente por la proverbial  escasez de recursos del Ayuntamiento actual, pues aunque en las últimas décadas, se le reforzaron sus arcas con la recaudación- por ejemplo, del impuesto predial- su “pobreza” es crónica.

Por eso tal vez, pero también por la “onda globalizadora” de privatizar “todo los privatizable”, aplicada por  la política salinista; durante el gobierno del priista, Otto Granados Roldan, se otorgó  en Aguascalientes, la  concesión del sistema de  agua potable drenaje y alcantarillado a la empresa transnacional  de capital   francés y al parecer suizo que opera con el título actual de CAASA.
   
Fue en  agosto de 1993, cuando  el, a la sazón,  Presidente Municipal, Fernando Gómez Esparza, le tocó anunciar la inminente privatización del servicio ante este reportero, y mencionó a varias empresas locales y regionales, interesadas en la prestación del servicio, entre ellas la del Grupo Gutsa, (de los Gutiérrez Cortina Y “SAASA” del ICA, a nivel internacional; pero finalmente se le otorgó a la empresa actual.

En aquel tiempo, Gómez Esparza, expresó textualmente  “con la concesión del sistema a la iniciativa privada el Ayuntamiento no perderá el control de la normatividad de este servicio básico a la comunidad, sino que vigilará que la calidad y cobertura del mismo, alcancen  niveles de eficiencia no vistos en Aguascalientes, y no se desentenderá del servicio; simplemente lo estará prestando a través de terceros, sin perder los controles a que la Constitución le obliga”.

Pero, dejemos el papel obligado que le tocó representar al economista Fernando Gómez, quien a despecho de ese anuncio como alcalde, realizó una labor palpable al frente del gobierno municipal, pues sus obras de mejoramiento, llegaron a toda la ciudad y el Municipio;  porque después de él, vino un problema inmediato, por  la mala prestación del servicio.

Tocó enfrentarlo al panista Alfredo Reyes Velásquez al asumir la Alcaldía tres años después (1996) ante el deficiente servicio que obligó a una revisión del título, que estaba concesionado a 20 años de duración, pero CAASA comenzó a omitir su responsabilidad de rehabilitar la gastada infraestructura, hidráulica; modernizar el almacenamiento-abastecimiento y reponer el alcantarillado, algunos, cuyos tramos empezaron a “tronar” pues  eran de barro  o cemento de mala calidad y databan de medio siglo.

La “revisión”, -que antes– como siempre- se publicitó con trasfondos electoreros, terminó con una reforma al título de concesión, para—actualizar-- a 20 años más el servicio de agua entubada y sus obras de mantenimiento y conservación;  y aunque  sólo en esporádicas ocasiones se habló de ello, ha sido una constante de los constantes abusos de la concesionaria a lo largo de estos 24 años de operación.

Tal es el caso que nos ocupa,  de la facturación de cada 21 días, que en la práctica será de 13 meses con ganancias ilegales por millones de pesos, para la concesionaria, si no se frena el engaño, que el propio director de CCAPAMA, J. Refugio Muñoz de Luna, ha hecho público en un diario local, por cierto oportuna y profesionalmente.

Ahora la interrogante es: ¿se dispone la Presidenta Municipal, María Teresa Jiménez Esquivel, a cumplir  con una de sus promesas de su  campaña electoral, de cancelar el título de prestación del vital servicio a la Concesionaria: ¿o es el principio de una sanción, que sí conducirá a la licitación del Sistema mencionado  a otra empresa u organismo privado? .

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