Es necesario dar celeridad a la iniciativa de ley que contempla el castigo severo a quienes espían, vigilan e informan a la delincuencia organizada sobre movimientos, ubicación y operativos de las Instituciones de Seguridad Pública, Marina y Ejército Mexicano, así como a quienes utilizan a menores de edad para colaborar en actos delincuenciales, expresó el Senador de la República, Martín Orozco Sandoval, quien se pronunció por que la iniciativa presentada por el Partido Acción nacional suba al pleno para su votación, a la brevedad posible.
Entrevistado al término de la sesión ordinaria de este día, recordó que el proyecto de ley presentado por su partido, en el actual periodo, contempla duplicar las penas, para quienes utilicen a niños, como "informantes", así como para aquellos funcionarios públicos o ex funcionarios, que aprovechando el puesto que desempeñan, o desempeñaron proporcionen información a la delincuencia. En este sentido indicó que el proyecto de ley, también plantea fijar multas de entre 67 mil y 134 mil pesos, además de la pena corporal en prisión.
El Senador panista, expresó que ante la creciente inseguridad que priva en territorio nacional, urge legislar para que se castigue a quienes facilitan información a los grupos criminales, porque existe un vacío legal en la materia, pese al daño que con su actividad ocasionan a las corporaciones policiacas y de seguridad nacional, y por ende, a la sociedad.
Advirtió que mientras siga habiendo fuga de información concerniente a un tema tan delicado como lo es la seguridad de los mexicanos, los resultados de los "Operativos Sorpresa", nunca serán efectivos, porque siempre habrá quien les dé "el pitazo" a los criminales.
Orozco Sandoval, explicó que si bien hay algunos estados de la República que han tipificado estas acciones como delito en sus en sus leyes, se requieren normas a nivel federal para poder castigar con eficacia, antes de que se siga vulnerando la operación de los cuerpos de seguridad pública del país.
Finalmente mencionó que dicha iniciativa se encuentra actualmente en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y estudio, de donde espera sea revisada con la prontitud que amerita el tema.
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