Hace algunas semanas, como parte de la legislación secundaria del
Sistema Nacional de Anticorrupción, se introdujo en el Senado la
iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, también conocida como la Ley 3 de 3. Actualmente, esta
iniciativa se encuentra en las comisiones unidas de Anticorrupción y
Participación Ciudadana, de Justicia y Estudios Legislativos para su
discusión. Independientemente del resultado en estas comisiones, la Ley 3
de 3 ya es un hito en la vida democrática del país. Si bien ésta no es
la primera iniciativa ciudadana desde la creación del instrumento, sí es
la primera con la suficiente notoriedad pública para tener una
posibilidad real de llegar a sus últimas consecuencias y ser aprobada en
el Congreso. La Ley 3 de 3 representa una coordinación sin precedentes
de diversas organizaciones de la sociedad civil (de hecho, en la
iniciativa participan más de 50 organizaciones) bajo el paraguas de un
tema en común: la corrupción. Más allá del ejercicio específico y
acotado que significa la Ley 3 de 3, es indispensable preguntarse por el
potencial que tiene la iniciativa ciudadana en el corto y mediano plazo
como instrumento de incidencia real de los ciudadanos en el ámbito
legislativo.
La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación democrática
semidirecta que se aprobó con la última reforma político-electoral de
2012 y terminó por reglamentarse hasta mayo de 2014. Si bien su
aprobación supuso la culminación de una lucha que diversas
organizaciones de la sociedad civil emprendieron años antes, el
instrumento ha sido poco utilizado. Desde la promulgación de la reforma
político-electoral, se han presentado al menos cinco iniciativas
ciudadanas con distinto desenlace[1].
La falta de su uso sugiere, por un lado, que el instrumento no ha sido
lo suficientemente socializado, y por el otro, que es poco accesible
debido a la cantidad considerable de recursos monetarios y humanos
necesarios para movilizar una iniciativa.
De acuerdo con la Constitución, el Reglamento Orgánico del Congreso
Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
los ciudadanos pueden introducir proyectos de iniciativas en las
materias de competencia del Congreso, siempre y cuando cuenten con el
respaldo de un número de firmas equivalente al 0.13% de la lista nominal
de electores, lo equivalente a aproximadamente 120,000 firmas.[2]
Una vez adquiridas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que
validar cada una de ellas, y posteriormente el Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara correspondiente, turnará la iniciativa a la(s)
comisión(es) pertinentes para su análisis y dictamen. De ahí continuará
con el proceso legislativo ordinario hasta su aprobación y publicación
(ver infografía). [3]
Más allá de los retos inherentes a la creación de cualquier ley, la
iniciativa ciudadana presenta una serie de requisitos políticos,
jurídicos y logísticos que dificultan el uso del mecanismo por los
ciudadanos. En la dimensión política, el reto está en lograr enmarcar la
propuesta ciudadana en dos agendas. En primer lugar, se necesita
redactar, publicitar y socializar la iniciativa de forma clara y, a la
vez, llamativa para que pueda atraer la suficiente atención ciudadana y
mediática para facilitar la recolección de las firmas. El tema de la
iniciativa resulta crucial, ya que si se busca legislar un tema poco
atractivo, demasiado complicado o que no genere simpatía por parte de la
ciudadanía, difícilmente se logrará cumplir con el requisito de las 120
mil firmas. En este sentido, la Ley 3 de 3 logró utilizar a su favor
los altos niveles de hartazgo ciudadano en torno a la corrupción de la
clase política en nuestro país. En segundo lugar, es esencial que la
iniciativa se empareje con la agenda legislativa o política de alguno de
los partidos dentro del Congreso. Es decir, si la iniciativa logra
empatarse con las propuestas de los partidos o insertarse dentro de la
discusión de un marco normativo más amplio, ya sea en comisiones o en el
Pleno, ésta tendrá mucha mayor posibilidad de ser aprobada. En este
sentido, la Ley 3 de 3 acertó al aprovechar la discusión del Sistema
Nacional Anticorrupción así como la agenda de la oposición del Senado
para enmarcar su propuesta.
Los esfuerzos logísticos detrás del impulso de una iniciativa
ciudadana no son menores y van mucho más allá de la recolección de
firmas. La recopilación de las más de 120 mil firmas- acompañadas por el
nombre completo, clave de elector y firma de los ciudadanos-es un reto
monumental que difícilmente se puede lograr sin la cooperación y
coordinación de actores de la sociedad civil, del sector privado y la
academia. La Ley 3 de 3 logró conseguir más de 600 mil firmas, en parte,
gracias al apoyo de actores de la talla y alcance de Cinépolis, el
Consejo Coordinador Empresarial, un gran número de organizaciones de la
sociedad civil, así como universidades como la UVM, el ITAM, y el
Tecnológico de Monterrey, entre otras. El Tec de Monterrey- que tiene
planteles a lo largo del territorio nacional y una inmensa red de
alumnos, profesores, y exalumnos- logró reunir más de 60 mil firmas. Si
bien el reto de encontrar, recabar y validar las firmas en términos de
los requisitos de la ley es evidente, y entendible para la legitimación
de la causa, la discusión en comisiones supone todavía un reto de mayor
envergadura.
El monitorear la iniciativa de ley en comisiones implica una cantidad
significativa de recursos logísticos y financieros. Por ejemplo, de
acuerdo con la Ley, las comisiones tienen 45 días hábiles para emitir un
dictamen de la iniciativa, sin embargo la mayoría de las iniciativas no
son dictaminadas en este periodo. De hecho, en la actual legislatura
hay 1,504 iniciativas pendientes de 1,635 presentadas[4].
Esto implica que la discusión de la iniciativa se extendería 45 días
más, durante los cuales, aquellos ciudadanos que introdujeron la
iniciativa –al menos en teoría- deberían de estar presentes para
asegurarse que su esencia no se diluya en comisiones. Asimismo, se
requiere de un monitoreo constante para procurar que la discusión y
avance en comisiones sea eficiente. De lo contrario, las prácticas
dilatorias de algunos representantes en el legislativo podrían poner en
riesgo la viabilidad de la propuesta. Por ejemplo, en la primera sesión
de comisiones respecto a la Ley 3 de 3, tanto el PRI como el PVEM se
ausentaron de la sesión para retrasar su discusión y posible aprobación.
La Ley 3 de 3 tiene el potencial de consolidar un esfuerzo de la
sociedad civil organizada para incidir en un tema de gran envergadura
como lo es la corrupción. Asimismo su desenlace podrá romper con el
pesimismo generalizado ante los instrumentos de participación ciudadana
de la última reforma política, en específico la figura de la iniciativa
ciudadana. A pesar de ello, es importante no caer en la falacia de
concluir que el diseño actual de dicho mecanismo no es perfectible. El
instrumento en sí tiene obstáculos estructurales que solo son factibles
de vencer si se conjuntan una multiplicidad de variables muy
particulares y coyunturales. Este factor en vez de agilizar la
incidencia popular en la política mexicana, dificulta que una propuesta
sea considerada, discutida y efectivamente aprobada. Además, la falta de
recursos de apelación, y transparencia en el proceso, así como la falta
de protección al ciudadano sobre posibles arbitrariedades por parte del
Congreso, minan el potencial democrático del instrumento. En el corto y
mediano plazo, el ejercicio Ley 3 de 3 es fundamental para sentar las
bases del análisis y el alcance real que queremos que tenga la
iniciativa ciudadana. Es esencial que se promueva el uso este
instrumento por distintos sectores de la sociedad organizada, que haya
cada vez más casos de fracaso y de éxito para acercarnos más a su
perfeccionamiento en el corto plazo. Hoy en día, se debe incentivar un
mayor uso de la iniciativa ciudadana que permita obtener experiencia
empírica que permita, por un lado, impulsar la coordinación de la
ciudadanía y sociedad civil en torno a temas de relevancia pública y,
que permita perfeccionar el instrumento en el mediano y largo plazo. En
pocas palabras, necesitamos más Leyes 3 de 3.
Autores: Carlos De la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editor: Patricio Toussaint
Coordinadora: Mariana Meza
Editor: Patricio Toussaint
——
[1]
Segunda vuelta electoral y revocación de mandato; Internet para todos;
Regulación de diversos usos del cannabis; Ley General de Aguas; Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
[2] Con base a la lista nominal de 2016: 82, 472, 693 electores.
[3] Artículo 71, fracción IV.
[4] Sistema de Información Legislativa: http://sil.gobernacion.gob.mx/Numeralia/Iniciativas/numiniciativas.php
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