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- La sanción sería de hasta 3 años de prisión y el pago de 300 días de Salario Mínimo Vigente en el estado.
- Ningún niño puede dejar de estudiar por no pagar las cuotas escolares porque es un derecho constitucional.
- También se presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Proespa a abatir el rezago en materia de verificación vehicular.
El
Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado presentó
una iniciativa para castigar con cárcel a toda persona que prohíba el
ingreso de los niños a las escuelas y retenga documentos por no haber
cubierto el pago de las cuotas escolares.
El
coordinador del GPPVEM, diputado Sergio Augusto López Ramírez leyó en
la máxima tribuna del Estado, la iniciativa por la que se adiciona el
párrafo tercero al Artículo 70 de la Legislación Penal para sancionar
esta falta, ya que a ningún niño se le puede prohibir el aprendizaje y
la entrega de documentos por el no pago de cuotas escolares.
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Explicó
que la reforma dice: “se equipara al abuso de autoridad y se sancionará
con 3 días hasta 3 años de prisión, y multa hasta de 300 días de
salario mínimo vigente en el Estado, a quien en el ejercicio de
funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga
documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los
centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en
los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de
contraprestaciones económicas en dinero o en especie.
Enfatizó
que los niños que sus padres no han podido pagar las cuotas, son
discriminados, les hacen burla, no los dejan hacer exámenes, “el niño
llega a su casa deprimido y no quiere regresar al plantel”, por lo que,
dijo, es necesario que quien atente contra el aprendizaje del escolar en
este sentido, pague con cárcel.
López
Ramírez comentó que para los integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, se tiene la plena convicción de que
los responsables de imponer o acordar cuotas escolares en las escuelas
públicas, trasgreden la Norma Suprema, sus leyes reglamentarias e
incluso los tratados internacionales de los que forma parte México, por
consecuencia la violación de la norma jurídica obliga al Estado a
ejercer su poder sancionador en contra de los infractores, fincándoles
responsabilidad administrativa o punitiva.
Agregó
que la educación es un derecho fundamental, inherente e indispensable
para la vida humana, porque constituye el proceso permanente que
desarrolla capacidades físicas, intelectuales y éticas del ser humano
que le permiten integrarse positivamente a un medio social y requiere la
salvaguarda del orden jurídico.
El
parlamentario del PVEM, Sergio Augusto López Ramírez ejemplificó: “Es
de todos conocidos que durante el inicio de cada ciclo escolar el
personal directivo de las escuelas públicas tanto del sistema estatal
como federal en coordinación con las sociedades de padres de familia de
dichos planteles imponen de manera ilegal, cuotas por inscripción que
oscilan entre los 500 a mil 500 pesos por educando.
Además,
durante el transcurso del ciclo escolar se les exige a los padres o
tutores que cubran costos de material usado en exámenes o gastos de
mantenimiento o remodelación de la infraestructura educativa, alegando
el Estado no cubre, pero nadie fiscaliza y en muchas ocasiones no se
comprueba plenamente su el gasto para el destino que se solicitó”.
En
otro orden, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, José
Luis Ramírez Escalera presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la
Proespa eficientar el programa de verificación vehicular, ya que de los
más de 400 mil automotores, solamente 132 mil están verificados.
Comentó
que este hecho es lamentable, ya que actualmente existen 2.5 vehículos
por cada habitante y se estima que en el año 2020, habrá una unidad por
persona.