Es Inadmisible que se Pretenda Criminalizar el Proceso Electoral: GOV.

José Guadalupe Ortega Valdivia, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Aguascalientes, sostuvo que en un momento en el que se requieren de instituciones fuertes y confiables en el ámbito electoral, incluyendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), adscrita a la Procuraduría General de la República, resulta lamentable que se pretenda sustituir al Fiscal Especializado titular de la FEPADE.

“Como entidad de interés público, es claro que sería muy lamentable la designación de un nuevo fiscal que no cumpla con los criterios de imparcialidad y legalidad que corresponden a la FEPADE, y esto no hace mas que levantar más suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo Federal en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional”, dijo.

Calificó como inadmisible que la FEPADE se convierta en un instrumento para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno, y recordó que la creación de la FEPADE se generó a raíz del impulso y solicitud que el Instituto Federal Electoral acordó a través de su Consejo General, razón por la cual genera desconfianza que en pleno desarrollo del proceso electoral existan versiones de una eventual sustitución del mencionado servidor público por un nuevo titular que pudiera ser susceptible a recibir consignas político-partidarias.

“El PRI reitera, como siempre, su irrestricto apego a la ley y a las instituciones del país, y nos oponemos a que se pretenda aplicar la ley, violando la ley. No permitiremos que se manipule la aplicación de la ley como un distractor de los problemas y la difícil realidad que viven millones de mexicanos: desempleo, pobreza e inseguridad”, sostuvo Ortega Valdivia.

Recordó que durante los gobiernos de Acción Nacional el número de desempleados se ha incrementado 166 por ciento, es decir, hoy hay 1.5 millones de desempleados más que a finales del año 2000, de acuerdo con datos del INEGI, y que igualmente entre 2000 y 2010, 5 millones de mexicanos cayeron en condiciones de pobreza, de acuerdo con información pública de CONEVAL.

“Las familias de México no olvidan que la violencia se ha disparado, cobrando al menos 47 mil 515 vidas a septiembre de 2011, según cifras de la propia Procuraduría General de la República, y por eso lamentamos que los recursos institucionales del Estado mexicano se distraigan con fines político-partidarios, en lugar de atender y resolver estas problemáticas”, concluyó Ortega Valdivia.