Aprueba el Congreso la Elevación a Rango Constitucional de los Derechos Humanos y al Deporte.

• Fue nombrado el Lic. Adrián Jiménez Velázquez como Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente.

• El pleno legislativo dio visto bueno a la minuta enviada por el Senado de la República para facultar a los jueces para dictar prisión preventiva a las en el delito de trata de personas.

• Por mayoría se aprobaron las reformas de ley que facultan al Jefe del Ejecutivo para nombrar y remover a los titulares de las entidades paraestatales.

En el marco de la sesión ordinaria del Congreso del Estado, fue designado como Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente el Lic. Adrián Jiménez Velázquez, previo dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que analizó la terna enviada por Gobierno del Estado donde también se incluía a los ciudadanos Netzahualcóyotl Ventura Anaya y José Luis Reynoso Chequi.

La propuesta aprobada con 26 votos a favor y uno en contra, fue elogiada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, quien recordó que el 16 de enero de 2001, Aguascalientes fue el cuarto estado de la República en contar con una Procuraduría separada de la dependencia encargada de las cuestiones ecológicas, lo que vino a complementar la tarea que ya realizaba la Profepa y las instancias municipales respectivas.

Como siguiente punto del orden del día, se dio cuenta al pleno legislativo de la minuta canalizada por la Cámara de Diputados federal, donde se le propone llevar a la Carta Magna el derecho de la práctica del deporte y la obligación del Estado Mexicano de promoverlo, proyecto de decreto aprobado por unanimidad.

En el debate de este planteamiento del Congreso de la Unión, el legislador Juan Manuel Gómez Morales indicó que la elevación del deporte al nivel constitucional supone la implementación de políticas públicas que se verán reflejadas en una mejor convivencia social, con programas que además de favorecer el bienestar físico individual, impactarían positivamente en la atención de los jóvenes, alejándolos de las adicciones y la delincuencia.

El también diputado priísta José de Jesús Ríos Alba, en el mismo tenor, señaló la importancia que la iniciativa tendrá en la salud pública, además de suponer ahorros para los gobiernos en la atención de las enfermedades derivadas del sobrepeso, como la hipertensión y la diabetes.

Ríos Alba refirió que con la obligación del Estado para alentar la activación física, se combatirá la obesidad, afección en la que nuestro país ocupa el primer lugar en adultos y el cuarto en población infantil, muy de cerca de los índices registrados en los Estados Unidos.

A continuación, se dio a conocer el dictamen con la minuta enviada por la Cámara de Senadores, con la modificación a diversos artículos de la Carta Magna, a fin de llevar al grado constitucional a los derechos humanos, documento que tras del debate respectivo, alcanzó la unanimidad de los ocupantes de curul presentes en el salón de sesiones.

En su intervención sobre el proyecto en comento, el diputado Marco Arturo Reyes Delgado opinó que dicha reforma es una de las más trascendentes en los últimos 21 años, ya que supone la suma de muchos esfuerzos de varias legislaturas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de proteger los derechos humanos denominados de “segunda y tercera generación” tutelados en los tratados internacionales signados por el gobierno mexicano.

La diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, en consonancia con el representante popular que le antecedió en la tribuna, enumeró los cambios normativos a la Constitución General de la República, entre los que se cuenta la educación para el respeto a los derechos humanos, la organización del sistema penitenciario con criterios humanitarios, la imposibilidad del Estado de suspender o restringir garantías básicas, la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar violaciones graves a los derechos fundamentales y la facultad del Poder Legislativo para llamar a los funcionarios que no acaten las recomendaciones emitidas por algún ombudsman.

En tema aparte, se logró también la unanimidad en la votación de la minuta proyecto de decreto del Senado, para reformar la Constitución en materia de trata de personas, con lo que se otorga a los jueces la atribución de dictar prisión preventiva a los presuntos implicados en la comisión de este delito. Además, se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que busca combatir la explotación sexual o laboral de grupos vulnerables.

Posteriormente, se dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa de reformas a la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

Dicha propuesta legislativa presentada por el Jefe del Ejecutivo, Ing. Carlos Lozano de la Torre, consiste en adecuar el ordenamiento mencionado a los preceptos de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; así como para establecer que sea el Gobernador del Estado quien designe de manera directa a los directores generales de los organismos descentralizados, a los servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior a ellos, y a propuesta del Jefe de Gabinete y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a los integrantes de los órganos de vigilancia.

Para intervenir en contra solicitó la palabra el diputado Arturo González Estrada, quien afirmó que la iniciativa representa “una regresión de treinta años contra la administración pública” pues aseguró que se perdería la esencia de los organismos públicos descentralizados con la dependencia jerárquica del Jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Mario Guevara Palomino, hizo un llamado a no confundir a la gente ni a caer en el fatalismo, pues “descentralizar no implica independizar” por lo que darle mayores facultades al gobernador para organizar su administración no significa de manera alguna darle la espalda a la sociedad.

El diputado Alfredo Martín Reyes Velázquez, tomó la palabra para indicar que en el plano federal, hay jurisprudencia que especifica la autonomía jerárquica de entidades paraestatales, lo que se contrapone a la pretensión de darle el poder el gobernador para nombrar a más de 50 titulares de organismos descentralizados y sus mandos secundarios, cuando “aún ha podido nombrar a todos los secretarios de su gabinete”.

Nuevamente, el panista Arturo González Estrada subió al estrado para clarificar que no está en contra de la fiscalización y control de los organismos públicos autónomos, sino de que se les quite a los ciudadanos los derechos ganados tras muchos años para intervenir en las decisiones gubernamentales, además de restarle facultades al Congreso para nombrar a los titulares de dichas entidades.

Se manifestaron en contra de la iniciativa todos los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, incluyendo a José Luis Novales Arellano y José Ángel González Serna; se abstuvo el legislador petista Héctor Quiroz García y ante la ausencia durante la votación del aliancista José Manuel González Mota, se consideró una abstención reglamentaria más, lo que motivó a una amonestación del presidente de la Mesa Directiva, diputado Miguel Ángel Juárez Frías.

A favor de la propuesta turnada por el Gobierno estatal, se pronunciaron todos los miembros de la bancada del PRI, además de los veintiún diputados presentes del PRD, PVEM y Nueva Alianza.

Acto seguido, fue aprobado por mayoría el Punto de Acuerdo que de forma conjunta presentaron los diputados José Luis Novales Arellano y Gregorio Zamarripa Delgado, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente, mediante el cual exhortan a la Cámara Federal de Diputados, para que a la brevedad posible, se analice, delibere o en su caso se apruebe la Minuta de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política; de igual forma, se solicita el aval del Decreto de la Ley de Seguridad Nacional.

Momentos antes, el legislador del PRD, Gilberto Carlos Ornelas, manifestó su voto en contra de dicho punto de acuerdo, al aseverar que el Congreso debe ser cuidadoso al emitir este tipo de exhortos al Congreso de la Unión, toda vez que una cosa es solicitar el análisis de la minuta, y otro, hacer excitativa la aprobación de la misma.

Por su parte, el diputado promovente del punto de acuerdo, diputado José Luis Novales, celebró la voluntad política expresada para avalar el citado exhorto, al tiempo de enfatizar que es facultad de los Congresos estatales la aprobación de dictámenes, reformas, o en su caso, el rechazo a determinado proyecto legislativo.