Listo Dictamen que Establece Penas de Hasta 70 Años de Cárcel a Secuestradores.

• Es un reclamo social que pide castigos más duros a quien cometa el ilícito y se proteja a la víctima: diputado Miguel Ángel Juárez Frías, presidente de la Comisión de Justicia.

• El próximo sábado en sesión ordinaria será sometido a la aprobación de los 27 diputados; también se contempla que la persecución de dicho delito no prescriba.

Atendiendo un reclamo emanado de los diversos sectores sociales, la Comisión de Justicia, que encabeza el diputado Miguel Ángel Juárez Frías, aprobó por unanimidad el dictamen que contiene la iniciativa de reformas a la Legislación Penal, encaminadas a combatir y prevenir el delito de secuestro, estableciendo penas que van desde los 40 hasta los 70 años de prisión a quienes asesinen a la víctima.

Con ello, Juárez Frías explicó que la modificación legislativa –propuesta el legislador José Ángel González Serna, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN-, también contempla castigos más severos para policías o ex policías  que participen y sean cómplices en la privación ilegal de la libertad de alguna persona; garantiza además brindarle protección a la víctima durante el plagio, hasta que sea liberado, así como a sus familiares.

De igual manera, señaló el representante popular priista del distrito XVII, que la iniciativa homologará las sanciones establecidas en la Ley Federal Antisecuestro, y atacará las diferentes modalidades de secuestro, por lo que ahora la persecución de dicho ilícito no prescribirá. Además de armonizarse con la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia que ya se trabaja al interior de la Comisión, señaló.

En su intervención, el diputado Mario Guevara Palomino, vocal de la Comisión de Justicia, calificó de atinada la iniciativa que impulsó su homólogo González Serna, por lo que al ser ésta parte de una demanda del sector empresarial, consideró que como en otras ocasiones el Congreso del Estado ha sido objeto de críticas por parte de ese ramo, no sobraría reconocer la labor de consenso y voluntad política que imperó para sacar adelante ésta trascendente reforma penal.

A este respecto, el legislador promovente, en su calidad de invitado, José Ángel González, agradeció la distinción y se comprometió a que a través de su voz, permeará entre las organizaciones empresariales el arduo trabajo y analítico que se realizó en aras de impulsar una iniciativa tan importante que fue producto del análisis profundo y responsable. No obstante, el legislador panista señaló que “no somos quienes para callar la voz crítica que emerge de la sociedad”.

Por su parte, el diputado aliancista, Marco Arturo Reyes Delgado, sostuvo que la iniciativa de reformas es respaldada por un tratamiento adecuado, un estudio a conciencia y consensuada al interior de las fracciones parlamentarias; agregó que no sólo beneficiará al sector empresarial, sino a la sociedad en su conjunto, porque nadie está exento de ser víctima de este delito, acotó.

En su oportunidad, el legislador Miguel Ángel Juárez Frías afirmó que la LXI Legislatura privilegia el acuerdo, el diálogo y el consenso, anteponiendo los intereses de la ciudadanía, sobre los particulares o de grupo; y la aprobación de ésta iniciativa es un claro ejemplo del trabajo, que en coordinación con los Poderes Ejecutivo y Judicial, se impulsa en aras de construir un marco jurídico acorde a las necesidades de la población.

Informó que el dictamen será presentado ante el Pleno Legislativo en la sesión ordinaria del próximo sábado 30 de julio, para su aprobación.

Por otro lado, fue avalado por la unanimidad de los legisladores de la Comisión de Justicia, la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por el Gobernador Constitucional de Aguascalientes, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre.

De acuerdo al documento, el objeto de la modificación va enfilado al establecimiento de mecanismos más fáciles, ágiles y de acceso gratuito a la información pública, fortaleciendo al mismo tiempo los instrumentos de transparencia, con el propósito de propiciarle al ciudadano un mejor control efectivo sobre sus gobernantes y órganos públicos.