Veta el Presidente Felipe Calderón Entrega de Apoyos para Sequía, Inundaciones y Heladas en 20 Estados de la República, Incluido Aguascalientes.

La Senadora por Aguascalientes, Norma Esparza Herrera condenó el veto ejercido por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa a la Ley General de la Economía Social y Solidaria, decreto por el cual legisladores federales determinaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrara un fondo especial de diez mil millones de pesos para atender los daños que este año causó la sequía en gran parte del territorio nacional. De igual manera niega ayudar a estados afectados por inundaciones y heladas.

Explicó que, en un amargo “regalo de Navidad” para los campesinos más pobres del país, durante el receso del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente ha recibido observaciones por parte de Titular del Ejecutivo, a esta legislación, lo que constituye un veto a la decisión del Congreso a éste nuevo ordenamiento.

Con este veto, explicó la senadora Norma Esparza, Felipe Calderón niega la entrega de recursos extraordinarios ya aprobados, a los estados de Aguascalientes, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, e Hidalgo, Veracruz y Tabasco.

Tras el veto presidencial, estas determinaciones tendrán que regresar a su reconsideración a la cámara de origen, “situación a la cual manifestamos nuestra más amplia preocupación y descontento, debido a que los recursos para atender la sequía, las heladas y las inundaciones han sido lentos y su gestión tortuosa, el decreto por sí mismo preveía el origen de su recurso considerados, entre otros, los excedentes que resultaran de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos 2011, los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, así como las economías que el Ejecutivo Federal hubiera obtenido en el ejercicio del gasto 2011. Tarea para llevarse a cabo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

            El veto presidencial a esta entrega de estos apoyos, advirtió la senadora Esparza Herrera, demuestra una gran falta de sensibilidad por parte de Ejecutivo, por estar frenando las leyes que permitan hacer llegar a los Estados de la República, los recursos para atender los problemas que enfrenta la población a causa de fenómenos naturales y que ocasionan más desolación y pobreza, puesto que afecta al sector productor, campesino y pequeño comerciante.

“Se demuestra desconsideración por parte del Presidente, por la situación tan complicada que viven los estados en emergencia por sequía, los 4 por heladas y dos más por inundación. De seguir trascurriendo el tiempo sin respuesta del Estado para la gente, para cuando se resuelvan a poner remedio, tendremos más fenómenos naturales que atender y más gente en la desolación”.

La Ley General de la Economía Social y Solidaria, abre perspectivas a los miembros del sector social, para darle a éstos tareas claras y coherentes para reincorporarlos y constituirlos como parte importante de una política de empleo y desarrollo. Toda vez que propone entre otras cosas la creación de un fondo de fomento del sector de la economía social y solidaria, con el objeto de dar seguridad, otorgar, administrar y fomentar créditos para los proyectos de fortalecimiento y expansión de las entidades de los sectores que están enumerados dentro de la Ley, los cuales se le denomina de la economía social y solidaria, y están constituidos por los ejidos, las comunidades indígenas, sociedades de producción rural, sociedades cooperativas, asociaciones de trabajadores entre otros.

Además de esta Ley, el día 15 de diciembre de este año, la Cámara de Diputados aprobó un Decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integraría un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en los estados.

Será hasta el 4 de enero que se reúne la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se turnarán las observaciones a las comisiones para volver a ser votadas por al menos las dos terceras partes de la cámara de origen y pasará otra vez a la cámara revisora para retornar al ejecutivo para su publicación.