Asociaciones de Abogados, Académicos y Ombusdman Respaldan la Nueva Legislación Penal.

• Los diputados Miguel Ángel Juárez Frías Y Gregorio Zamarripa Delgado afirmaron que no se dejarán de lado las propuestas y observaciones a los nuevos ordenamientos.

Ante diputados de las Comisiones de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y de Gobierno, representantes de los gremios de abogados, universidades y la Comisión Estatal de Derechos Humanos externaron su opiniones en torno a la reforma a la legislación penal que se tendrá que aprobar los próximos días como obligación constitucional y reconocieron el trabajo realizado en este tema por los representantes populares.

Para iniciar la sesión de trabajo, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Miguel Ángel Juárez Frías, hizo una relatoría de los cambios legales que se tendrán que realizar en el sistema penitenciario, donde el Poder Judicial tendrá una mayor participación con los llamados jueces de ejecución de sentencia.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Gregorio Zamarripa Delgado, recordó que la pasada Legislatura no avanzó en la implementación del nuevos sistema de justicia adversarial, por lo que se ha tenido que trabajar a marchas forzadas para cumplir con la aprobación de la primera de cuatro fases prevista para antes del día 19 del presente mes.

En primera instancia, participó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar Williams López Ovalle, quien refirió que a nivel nacional las cárceles están al borde del colapso, pues se viven condiciones inhumanas que no cumplen con el propósito de una reinserción social y por el contrario, se han convertido en verdaderas universidades del crimen.

Llamó la atención sobre la importancia de que faciliten esquemas laborales al interior de los centros penitenciarios, con lo que se generan ingresos económicos para los internos y se contribuye a la reeducación, ya que el ocio es por demás perjudicial.

Por su parte, la maestra Laura Estrada Ramírez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, indicó que uno de los temas preocupantes en la permanencia de gente en las prisiones por no poder pagar su fianza, lo que además de atentar contra los derechos de los sentenciados, a largo plazo le significa un costo mucho mayor al Estado.

Sobre lo anterior, el legislador priísta Gregorio Zamarripa Delgado indicó que tras la aprobación de este primer paquete de iniciativas de reforma, está contemplado promover la creación de un fideicomiso para la cobertura de fianzas, además de buscar que se cumplimente con el objetivo de la reparación del daño a las víctimas del delito.

Jorge Oswaldo León León, de la Asociación Libre de Abogados y Postulantes, calificó de novedoso, funcional y apegado el esquema planteado para actualizar la legislación penal de Aguascalientes, aunque sugirió revisar lo referente a la aplicación de indultos y amnistías, pues podría haber lugar a controversias entre el Poder Ejecutivo y los jueces de ejecución de penas.

En su intervención, Sergio Delfino Vargas, de la Federación de Colegios de Abogados, aplaudió las reformas puestas a consideración por la LXI Legislatura, aunque lamentó no contar con mayor tiempo para un análisis más profundo de todas las implicaciones legales y administrativas que conllevarán.

El diputado Miguel Ángel Juárez Frías, presidente de la Comisión de Justicia, mencionó que con respecto al tema laboral en las prisiones, se debe ver como un derecho pero también como una obligación de los internos, ya que es una de las mejores formas para promover la reinserción social. En cuanto al tema del indulto, aclaró que seguirá como facultad del Ejecutivo, aunque procedimentalmente tendrá que pasar por la revisión, autorización y supervisión de cumplimiento por el juez de ejecución.

De la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el jefe de Departamento de Derecho, Ricardo González Mendoza, mencionó que en estos momentos se encuentran en la revisión del Plan de Estudios de la Carrera de Derecho, por lo que anticipó que serán incluidos programas relacionados con las reformas en mención y el inminente sistema oral en los juicios mercantiles.

Sobre la actualización de los litigantes, el diputado Gregorio Zamarripa señaló que es una de las prioridades inmediatas a la aprobación de la nueva legislación, con la promoción de diplomados y cursos especializados, y de esta manera puedan atender la demanda de defensoría bajo el esquema adversarial.

Juan Manuel Arellano, de la Universidad Cuauhtémoc, anticipó que habrá dificultades para la aceptación del sistema de juicios orales, por lo que opinó que se deben establecer artículos transitorios con las fases para la aplicación respectiva.

En el uso de la palabra, Jorge Alberto de la Cruz, de la Barra de Abogados, felicitó a los integrantes de las comisiones de Gobernación y Justicia por la transformación de los paradigmas legales en el estado, especialmente en lo tocante a la reinserción social y los jueces de ejecución de sentencias. Además, manifestó el apoyo de sus agremiados al trabajo legislativo.

Tras solicitar la participación, el legislador José Luis Novales Arellano, propuso realizar una visita a los centros de Reeducación Social, para conocer de primera mano la problemática que se vive en ellos, o en su defecto, contar con la presencia del titular del área, para conocer la opinión respectiva sobre las reformas propuestas.

Marco Arturo Reyes Delgado, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, agradeció las aportaciones de las asociaciones e instituciones que acudieron a la reunión con sede en el Congreso del Estado, además de manifestar que en ellas recaerá una parte importante de la puesta en marcha de las novedosas normas, por ser instituciones impulsoras de la capacitación de los abogados y futuros litigantes.

A continuación, el representante popular, Alfredo Martín Reyes Velázquez, hizo eco de la necesidad de realizar un diagnóstico sobre los procesados que no pueden abandonar las cárceles por no poder pagar la fianza respectiva, y sugirió la realización de convenios entre el Poder Legislativo y las instituciones de educación superior para que los prestadores de servicio social y prácticas profesionales puedan realizar proyectos de investigación y gestión en los centros penitenciarios de Aguascalientes.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN afirmó que hay reclusos que por no ser famosos no tienen toda la atención y el apoyo para salir avante en sus procesos, por lo que insistió en generar mecanismos de apoyo para las personas sujetas a la acción de la justicia.

Cabe mencionar que los representantes de las universidades Autónoma y Panamericana manifestaron su disposición a seguir auxiliando en este tipo de proyectos, pues aclararon que sí hay iniciativas al respecto.

Carlos Hinojosa Olvera, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, sugirió revisar el tema de los delitos patrimoniales, ya que afirmó que la redacción deja lugar a la idea de que se puede obtener la libertad bajo fianza con la reparación del daño, independientemente de la gravedad del delito.

El perredista Gilberto Carlos Ornelas, en el uso de la voz, declaró que las propuestas vertidas no caerán en saco roto, pese a la premura del tiempo, ya que es función de los diputados atender todas las observaciones. Se dijo honrado por las aportaciones y agradeció la invitación a participar de la sesión.

Por último, los diputados Gregorio Zamarripa Delgado y Miguel Ángel Juárez Frías, reiteraron el agradecimiento a todos los presentes, tras advertir que se ha hecho un trabajo minucioso con la finalidad de no dejar cabos sueltos en la modificaciones de las leyes penales, orgánicas gubernamentales y de seguridad pública, como el no dejar de lado los nuevos derechos de los sentenciados y de las personas que en este momento se encuentren sujetos a un procedimiento penal; esto con la finalidad de que puedan acogerse en tiempo y forma a las garantías que establecerá la nueva legislación.

En la reunión de comisiones también estuvieron presentes los legisladores Arturo González Estrada y José Ángel González Serna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.