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• El licenciado Herminio Huerta Díaz explicó que las reformas a la Legislación Penal se centran en los derechos humanos de las personas sentenciadas o sujetas a proceso.

La figura de jueces de ejecución de penas, de control o de vigilancia, son parte de un modelo que ha demostrado su efectividad en países como Francia, Italia y España, y no le restan la atribución de la administración penitenciaria al Poder Ejecutivo, expuso el magistrado Herminio Huerta Díaz, en reunión con los presidentes e integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública.

El titular del Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, opinó que el proyecto de ley para Aguascalientes es muy completo, pues recoge el contenido de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión hace tres años, donde entre otras virtudes, se incluyen los apartados de protección de derechos de la víctima y diversas consideraciones para una adecuada aplicación de las penas o medidas de seguridad para el sentenciado, con el respeto a sus derechos humanos.

A mayor detalle, el jurista aclaró que al juez de ejecución le corresponderá vigilar y conocer todos los asuntos de índole jurídica relacionados a la modificación de las penas, las medidas reglamentarias a las que sean objeto los reos al interior de los Centros de Reinserción Social y los beneficios que los nuevos ordenamientos aprobados por el Congreso del Estado.

Con lo anterior, explicó el abogado Herminio Huerta, se llenará el vacío legal existente a partir de que una persona es objeto de una sanción penal, ya ahora puede haber lugar a rectificación de veredictos y ajustes en la duración de la reclusión derivados de modificaciones a la ley, así como fundamentar y dejar precedente de los indultos, además de otorgar facultades para suspender temporalmente las penas por cuestiones médicas o familiares.

El especialista en el sistema de justicia adversarial, recordó que en el caso de la ejecución de penas, se recurrirá a la modalidad oral para desahogar de manera expedita los asuntos, aunque acotó que la primera necesidad para implementar el modelo será la cuestión presupuestal, pues además de personal especializado, se requerirá de instalaciones adecuadas para el desahogo de las audiencias, así como la infraestructura para tal fin, como es el caso del equipo de videograbación contemplado en la ley.

Asimismo, el magistrado mencionó que con las reformas planteadas por el Poder Legislativo, se podría dar lugar a la absolución de un procesado que ya cumplió su pena, siempre y cuando medie una apelación que demuestre la inocencia. También les otorgará atribuciones a los jueces de ejecución de sentencia para garantizar los derechos civiles y políticos a las personas que están sujetas a proceso aunque en libertad, tal y como lo resolvió recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El licenciado Herminio Huerta mencionó algunos otros aspectos que se retomarán como consecuencia de la nueva Ley de Ejecución de Penas, como es la revisión de los casos de personas inimputables, la supervisión de las resoluciones para la reparación del daño a las víctimas del delito, el traslado penitenciario, y la competencia para conocer de los derechos de pre liberación, lo que en suma significa una “humanización del proceso”.

Precisamente, el diputado Mario Guevara Palomino resaltó que la nueva normatividad antepone los principios de derechos humanos, además de incluir figuras innovadoras en la justicia mexicana. También agradeció la presencia del magistrado por los comentarios y aportaciones al trabajo legislativo.

Marco Arturo Reyes Delgado, representante popular por el Partido Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, anticipó que hará suyas las observaciones realizadas por el Lic. Huerta Díaz, mismas que someterá a consideración de todas las bancadas partidistas para enriquecer el proyecto de decreto aprobado en la pasada sesión de comisiones unidas.

El presidente de la Comisión de Justicia y de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Miguel Ángel Juárez Frías, manifestó su beneplácito por la participación de titular del Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación, en el proceso que cumplimentará con el mandato constitucional de reformar el sistema penitenciario y poner en marcha el modelo de ejecución de sentencias.

Gregorio Zamarripa Delgado, legislador titular de la Comisión Estatal para la Implementación de la Reforma Penal, calificó de “asesor honorífico” al magistrado Herminio Huerta Díaz, quien anteriormente y sobre el particular, había participado con una conferencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Por último, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales refirió también que con la inminente aprobación del dictamen en la sesión ordinaria del Congreso de este jueves 16 de junio, se tendrá el gran reto de socializar los cambios en el sistema de Justicia, gestionar los recursos para su operación y darle seguimiento a la aplicación de las nuevas normas.