- Jerarquizar Persecución de los Delitos, Sugiere Investigadora del CIDE
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La doctora Catalina Pérez Correa señaló que el 71% de las procesos penales federales tienen que ver con la posesión y consumo de drogas, carga que pasaría a los estados.El diputado Gregorio Zamarripa convocó a colegios de abogados y representantes del Poder Judicial para dialogar con la investigadora en relación a la atención local del narcomenudeo.
Como parte del trabajo parlamentario de análisis y consulta para la
adecuación de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, el diputado
Gregorio Zamarripa Delgado convocó a una reunión con colegios de abogados,
académicos y representantes del Poder Judicial, para dialogar con la maestra
Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigación y Docencia
Económicas de Aguascalientes (CIDE).
La doctora en Sociología y Antropología del Derecho, afirmó que el 71%
de los delitos que se perseguían hasta el 2011 a nivel federal tenían que ver
con la posesión o consumo de estupefacientes, actividad que ahora tendrán que
atender los estados con las nuevas disposiciones en materia de narcomenudeo,
con los costos que ello implica, pues según detalló, un proceso penal significa
hasta 12 mil pesos por expediente.
Además, Pérez Correa reveló que tener a una persona en prisión por
cuatro años y medio le cuesta al gobierno casi 300 mil pesos, donde
contradictoriamente al purgar una pena por “delitos contra la salud”, se expone
a enfermedades y otras conductas que no contribuyen a la reinserción social.
Por este motivo, insistió en que los estados deben legislar para
priorizar la persecución de delitos, ya que a la sociedad “le duelen más” los
crímenes como homicidios, secuestros y violaciones, así como los robos a casa
habitación, que las cuestiones relacionadas a la drogadicción. Además, señaló
que los castigos que se aplican son desproporcionados, ya que mientras un
delito sexual se castiga hasta con 14 años de cárcel en promedio, uno
relacionado al narcotráfico puede alcanzar los 24 años.
Al respecto, el diputado Gregorio Zamarripa Delgado recordó que cuando
se realizaron las reformas para que las entidades persiguieran el narcomenudeo,
él fue uno de los principales opositores y que incluso se intentó revertir la
legislación, hasta que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que era
obligatoria.
La académica del CIDE expresó que existen alternativas para frenar las
consecuencias sociales del consumo de drogas, tales como las campañas de
prevención de adicciones, las estrategias de atención y disminución de daños a
la salud, entre otras. También recomendó eliminar los “bonos por detención”
para los elementos de seguridad, pues sólo propician la corrupción.
No obstante, aclaró que se tienen que tomar medidas ante el nuevo panorama
internacional en materia de narcotráfico, ya que con la legalización del
consumo de marihuana en algunos lugares de Estados Unidos, las ganancias de los
cárteles se verán mermadas, por lo que buscarán alternativas para compensar las
pérdidas. Valdría la pena analizar, dijo, la despenalización de este enervante
en nuestro país, aunque también ello implica los riesgos del impulso por grupos
empresariales, lo que podría llevar a situaciones similares a la del consumo
excesivo de refrescos, que han llevado a México a los primeros lugares de
diabetes y obesidad.
Empero, declaró que no hay datos en las estadísticas oficiales de
muertes causadas por la marihuana, como sí las hay por otras sustancias.
El legislador Gregorio Zamarripa, opinó que perseguir localmente el
narcomenudeo conlleva el riesgo de contaminar a las policías locales, por lo
que resulta necesario que cada estado, de acuerdo a su idiosincrasia, tenga sus
propios ajustes a la legislación penal.
Por último, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales agradeció la participación y presencia de juristas y dirigentes de colegios profesionales como Sergio Delfino Vargas, Salvador Hernández, Jorge Oswaldo León, Leobardo Contreras, y representantes del Poder Judicial.