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Fueron aprobados los dictámenes de la revisión de los ejercicios
presupuestales de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de
Aguascalientes de 2011
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La Comisión de Vigilancia dará vista a los órganos de control
respectivos en los casos de responsabilidad administrativa y en su caso
se actuará directamente.
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Por primera vez en la historia, el Congreso del Estado cumple con votar
los dictámenes de las cuentas públicas, en tiempo y forma.
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Por unanimidad se dio el visto bueno a la iniciativa de reformas a la
Ley de Salud del Estado para crear la Comisión de Bioética.
En
un hecho sin precedentes en la historia legislativa de Aguascalientes,
en sesión ordinaria del Congreso del Estado fueron discutidos y
aprobados en tiempo y forma los dictámenes con la revisión de las
cuentas públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes y del Gobierno del
Estado, correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2011.
Previo
a la celebración de la asamblea parlamentaria, la Comisión de
Vigilancia, presidida por el diputado Arturo Robles Aguilar, aclaró que
con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior aprobada por la
actual LXI Legislatura, no habrá lugar a la impunidad en los casos de
irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos, tanto
en observaciones administrativas como en cuestiones que puedan
significar responsabilidades del tipo penal.
El
legislador priista explicó que todos los dictámenes serán canalizados a
los órganos de control (Secretaría de Fiscalización y Rendición de
Cuentas, contralorías municipales, etc.), mismos que tendrán que actuar
conforme a las observaciones señaladas; y que en caso de no hacerlo, el
propio Congreso del Estado podrá proceder por las vías que considere
pertinentes.
Robles
Aguilar enfatizó que ahora se cuenta con facultades adicionales para
vigilar el adecuado uso del presupuesto, con sustento en la nueva Ley de
Fiscalización Superior, aprobada por la actual LXI Legislatura, por lo
que ahora poseen las herramientas para garantizar el uso de los recursos
públicos bajo los criterios de racionalidad, austeridad, racionalidad y
transparencia. “No se solapará a ningún funcionario público que en la
aplicación de los recursos públicos, transgreda la ley” subrayó.
El
legislador Heriberto Gallegos Serna, del Partido Nueva Alianza,
enfatizó que esta es la primera vez que la representación popular cumple
en tiempo y forma con dar cuenta de las auditorías realizadas a los
gobiernos estatal y municipal, así como de los organismos
descentralizados. “El Órgano Superior de Fiscalización y la Comisión de
Vigilancia ha trabajado a lo largo de todo el año para elaborar los
dictámenes que hoy se presentan”, resaltó.
Ya
en el desarrollo de la sesión, se dio lectura al dictamen
correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del
Estado, Administración Pública Centralizada y Organismos
Descentralizados Correspondientes al Ejercicio Fiscal del Año 2011. Las
dependencias con mayor número de observaciones fueron la Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones, ISSSSPEA, INEPJA y SEBIDESO.
Acto
seguido, el legislador Gilberto Carlos Ornelas subió a tribuna para
cuestionar sobre la redacción del dictamen, en el apartado que aborda el
aspecto del resarcimiento de los daños y el procedimiento para fincar
las responsabilidades respectivas. El perredista señaló que pese a que
el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) cuenta con las facultades para
proceder directamente, estas no se han usado y se limita a especificar
en los dictámenes el “dar cuenta a los órganos de control”.
Al
respecto el legislador Arturo Robles Aguilar aclaró que si bien el
Congreso del Estado es la máxima soberanía de Aguascalientes, debe ser
el primer garante de la ley, y que el OSF es un ente auxiliar
dependiente del Poder Legislativo, pero no debe invadir competencias
gubernamentales, “la revisión de la cuenta pública es tan sólo una etapa
del procedimiento para determinar las posibles responsabilidades en que
hayan incurrido los funcionarios públicos” y enfatizó que “se aplicará
la ley a quien la haya transgredido”.
Alfredo
Reyes Velázquez, coordinador del GPPAN, pidió posteriormente que se
precisara por qué si con la modificación de la ley precisamente se
buscaba fortalecer al OSF, y que si ahora están facultados para dar
cuenta a la autoridad competente para hacer lo conducente, no se está
cumpliendo con ello.
Insistió
en que sólo dar parte a las contralorías demostrará una vez más que los
ignoran, por lo que pidió asumir la autoridad que tiene el Poder
Legislativo y dar muestra de ello, para que con ello sea el ministerio
público el que proceda.
Sobre
el cuestionamiento, el presidente de la Comisión de Vigilancia,
contestó que en el caso de daños y perjuicios a la Hacienda Pública o
que afecten al patrimonio de las entidades gubernamentales, el OSF
deberá sustentar y establecer las responsabilidades y resarcimientos,
para luego darle cuenta a los órganos internos de control respectivos, y
que si estos incumplen con lo señalado, entonces sí, se incurriría en
responsabilidades contempladas en la ley respectiva, por lo que se
tendría la atribución de proceder legalmente tanto en contra de los
servidores que no atendieron las instrucciones del OSF, así como de las
entidades auditadas.
De esta manera, el diputado Arturo Robles Aguilar insistió en que no pueden omitir los procedimientos.
Héctor
Quiroz García, diputado del Partido del Trabajo, señaló que esto se
hubiera evitado si se trabajara adecuadamente. Hizo un llamado al
coordinador del grupo parlamentario mayoritario para que cambie el rumbo
y el estilo del trabajo del Congreso y hacer una labor seria.
Mencionó
que para él fue complicado tomar una decisión respecto al sentido de su
voto, pues tuvo muy poco tiempo para leer y analizar a fondo todos los
dictámenes de la revisión de la cuenta, por lo que determinaba abandonar
la sesión.
Como
ejemplo de las irregularidades citó el caso del dictamen del municipio
de San José de Gracia, donde no se habla de los excesos que él ha
mencionado, como los cobros excesivos del impuesto predial, por lo que
dijo, hay temas de fondo que se pasaron por alto.
En
intervención para aclarar lo vertido por el representante popular del
Partido del Trabajo, el diputado Arturo Robles Aguilar manifestó que en
las respectivas leyes de Ingresos de los municipios están expresamente
los impedimentos para aumentar desmesuradamente los impuestos.
Además,
el integrante del GPPRI aseguró que el trabajo del Órgano Superior de
Fiscalización y la Comisión de Vigilancia ha sido muy profesional, y que
en efecto, los dictámenes son voluminosos, pero que se debe asumir que
no todos los representantes populares pueden ser expertos en todos los
temas, de ahí la razón del trabajo en comisiones, donde se entiende que
están los legisladores que más conocen de las áreas respectivas.
“Pecamos
quizás, por decirlo así, de exceso de información, pero precisamente
para que todos tuvieran la mayor cantidad de datos posibles” refirió el
diputado Robles, e incluso manifestó que en otros congresos y en pasadas
legislaturas, no se entregaba en el grado que ahora se hace en
Aguascalientes.
Gregorio
Zamarripa, diputado del GPPRI, manifestó que desde el martes vienen
trabajando de manera ardua en los dictámenes, donde no todos estuvieron
presentes. Por otro lado, invitó al legislador petista que no se
retirara del recinto legislativo, pues es importante que conozca las
opiniones e información que se viertan.
Empero,
el representante popular Héctor Quiroz García, reiteró su intención de
abandonar la sesión, acción que realizó al terminar su alocución.
El
representante del PRD, Gilberto Carlos Ornelas; consideró que si es
necesario que los diputados reciban toda la información necesaria y que
para esto el plazo de quince días para la revisión de los dictámenes
hubiera sido un tiempo prudente.
En
su opinión, sostuvo algunas anomalías si fueron graves y no entiende
porque en todas la resoluciones son en el mismo sentido de dar cuenta a
contralorías, lo que convierte a la Legislatura en un colectivo tomador
de nota. Citó que se le dio capacidad sancionadora al OSF pero no lo
ejerce por lo que no está cumpliendo con su mandato y con ello se quedó
corto el Órgano en su misión.
Arturo
González Estrada integrante de la Comisión de Vigilancia, señaló que
queda en evidencia que el trabajo de la Comisión de Vigilancia se ha
quedado corto, y que con este debate se muestra que ha mejorado el
trabajo técnico, pero la valoración y el criterio plasmado en los
dictámenes no.
El
diputado panista comentó que se le tiene miedo a llamar a las cosas por
su nombre, y se quiere mandar la pelota a otra cancha, cuando son ellos
los que tienen que darle la cara al pueblo de Aguascalientes y
clarificar el proceso que se ha seguido en esta revisión desde el mes de
enero a la fecha.
Ante
el pleno señaló diversas anomalías en el municipio de Asientos, como
retenciones a empleados la suscripción de convenios de créditos fiscales
firmados por los alcaldes comprometiendo recursos más allá de su
administración, “brincando al Congreso”, o una sobre nómina en Jesús
María, que tampoco se ha corregido.
Indicó
que se necesita que la actuación y aplicación de la ley en
Aguascalientes sea pareja y se mande ese mensaje de orden a la
población.
José
Luis Novales Arellano, diputado del GPPAN, felicitó a los auditores del
OSF por hacerle el trabajo a la Comisión de Vigilancia para que esta
“metiera el gol”. Este ente, dijo, cuesta millones de pesos, y justifica
su existencia con un documento para tomar decisiones de estado, con
relación al presupuesto público, acciones que especificó no se toman.
Declaró
que la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes contempla la
obligatoriedad de los funcionarios públicos de denunciar los hechos que
pueden constituir un delito. También incluye la modalidad de
encubrimiento, a quienes no enteren a la autoridad de la comisión de
posibles tipos penales.
Novales
mencionó que de igual forma, la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, incluye sanciones a los funcionarios que no cumplan
con lo que les marca la ley. Espetó: “¿Cómo le vamos a responder al
pueblo de Aguascalientes?” “nos trajeron un producto que señala acciones
ilícitas o irregulares, presumimos que gente se está enriqueciendo y no
hacemos nada” subrayó el legislador panista.
Asimismo,
anticipó que en los 30 días para contestar las observaciones no pasará
nada. Además, enlistó algunas de las irregularidades encontradas, como
la justificación de la compra de una compactadora de basura con la
factura de una boutique, la adquisición de un panteón privado de una
hectárea en casi 7 millones de pesos, las asignaciones a constructoras
sin licitaciones, etcétera.
El
diputado Miguel Ángel Juárez Frías, enunció que ante el debate
formulado, haría algunas precisiones, para evitar la impresión de que el
Congreso del Estado está evadiendo su responsabilidad. Dijo reconocer
el trabajo del OSF y de la Comisión de Vigilancia, que se hizo de
acuerdo a la ley aprobada por unanimidad por la presente Legislatura, la
Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Declaró
que se debe ser puntual y recapituló el procedimiento que se siguió
para llegar a los dictámenes que ahora se analizan. Recordó que el
pasado 28 de febrero se recibió la documentación para la fiscalización.
Al día siguiente se determinan las auditorías a los entes fiscalizados,
que implicaban el doble de labor que ejercicios anteriores.
Detalló
que hecho el trabajo, se notificó a los entes revisados para que
contestaran las observaciones con fecha límite en el mes de septiembre.
Comentó asimismo, que posteriormente se procedió a la elaboración de los
textos que ahora se someten a debate y votación.
“Para
eso nos pagan bien” afirmó Juárez Frías en relación a la lectura de los
extensos dictámenes. Nuevamente, aclaró que lo que se aprueba son las
observaciones, no las cuentas públicas en sí. Votados, aclaró, estos
serán remitidos para su seguimiento, acción que de no hacerse, el OSF
tomará en sus manos “con dientes, colmillos y muelas” que la ley ya le
otorga, incluyendo sanciones a los titulares de los órganos de control,
por incurrir en responsabilidad, o bien, interponer denuncias ante el
Ministerio Público.
Invitó
por último a no intentar desinformar a la audiencia, ya que se está
trabajando conforme a la norma. Acotó que ahora no se está hablando de
“los miles de millones de pasadas administraciones; debemos hablar de
seguridad, certeza y buena ventura a los aguascalentenses, es lo que se
debe abordar hoy, 15 mil nuevos empleos registrados ante el IMSS, la
nueva planta Nissan, el regreso del progreso y bienestar para todos”.
Gilberto
Carlos Ornelas, diputado del PRD, le preguntó sobre los plazos de
atención de los pliegos de observaciones, donde aparentemente el OSF
podría iniciar procedimientos resarcitorios.
Al
respecto, el diputado Juárez invitó a no caer en interpretaciones
literales y aisladas de las normas, sino en hacer lecturas contextuales,
conforme lo marca en Derecho el procedimiento.
Arturo
González Estrada, insistió en su exigencia de no solapar la actuación
irregular de muchos que ejercen servicio público especialmente en
municipios como Jesús María, Calvillo y Tepezalá, o se hablará de una
situación política como en el caso del ex alcalde de Calvillo quien
está detenido por un adeudo de siete millones, mientras que el de
Rincón de Romos debe millones y millones a diversos proveedores, y no ha
pasado nada para sancionar a los responsables. En cuanto a compra de
vehículos de lujo pidió revisar el papel de Banobras, que está dando
manga ancha a los Ayuntamientos para que ejerzan los recursos en otros
asuntos y no los previstos.
A
continuación, el presidente de la Mesa Directiva, sometió a
consideración el dictamen respectivo, obteniendo un total de 21 votos a
favor, uno en contra –Gilberto Carlos Ornelas- y 5 abstenciones –Grupo
Parlamentario del PAN y Héctor Quiroz García-, con lo que se declaró
revisada por mayoría, la Cuenta Pública de Gobierno del Estado,
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011.
Acto
seguido, el diputado José de Jesús Ríos Alba, dio lectura a un resumen
del dictamen correspondiente a la revisión del ejercicio presupuestal
2011 del Municipio de Aguascalientes, que los diputados locales
aprobaron por mayoría, mismo que contiene en total 156 observaciones,
solventadas setenta y tres y pendientes ochenta y tres. Las instancias
que registraron más observaciones fueron el Ayuntamiento, IMPLAN,
CCAPAMA, IMAC, IMMA y el Instituto de Renovación Urbanística
anteriormente IMUVI.
En
su intervención José Luis Ramírez Escalera, diputado por el Partido
Verde Ecologista, destacó también el que por primera vez una Legislatura
está cumpliendo con la revisión en tiempo y forma de las Cuentas
Públicas, reconociendo por ello el trabajo de la Comisión de Vigilancia.
Reiteró
que lo que se aprueba es la revisión no su contenido y que por tanto
los diputados no avalan irregularidades o el ejercicio indebido de los
recursos, por lo que pidió que esto no se convierta en un botín
político.
El
PVEM dijo López Ramírez cree que el gobierno capitalino va bien y los
hechos están a la vista, pues hay avances significativos en muchos
rubros como las líneas verde o morada. Reconoció en la alcadesa una
mujer con experiencia en el servicio público que ha dado muestras de que
sabe y que puede, por lo que confía en que ha hecho un sano ejercicio
de las finanzas públicas.
El
ingeniero Alfredo Reyes Velázquez, coordinador del Grupo Parlamentario
del PAN, inquirió al diputado Miguel Ángel Juárez sobre si está previsto
o no ir más allá del artículo 14 de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, en ninguno de sus párrafos dice que “se dará una
primera, segunda y tercera llamada a la institución que estemos
auditando”.
Dijo
aceptar que no se está facultado o con “dientes tan filosos” para
alcanzar a los que están violando el estado de derecho, dando vista por
ejemplo, al Ministerio Público, para que investigue los ilícitos. Por
eso insistió en dotarle de autoridad al OSF para actuar como se debe
cuando encuentren irregularidades.
Con
respecto al Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) y la cuenta del
ayuntamiento capital, el legislador panista abordó el tema del
fraccionamiento Bicentenario, ya que hubo un quebranto a la hacienda
pública. Dijo que se pagaron muchos millones de pesos por intereses
pagados irregularmente a la constructora que haría el desarrollo
habitacional. Por este motivo, indicó, el GPPAN no puede aprobar la
revisión correspondiente al Municipio de Aguascalientes.
En
el pódium, el Dr. José de Jesús Ríos Alba, miembro de la Comisión de
Vigilancia, hizo un llamado a retomar adecuadamente la sesión, ya que el
asunto reclamado ya está contemplado en el dictamen, por lo que
preguntó si se había hecho una adecuada lectura al mismo.
El
diputado priista reiteró que el asunto del IMUVI sí está en el pliego
de observaciones, por lo que apeló a la voluntad de sus compañeros
legisladores para votar afirmativamente el dictamen de revisión. “No
estamos dejando correr ni pasar los asuntos importantes” remató.
Nuevamente,
el legislador Alfredo Reyes subió a la tribuna aclaró que inteligencia
hay, pero no pasividad. El marco de ley, está sujeto a interpretación,
insistió el líder del GPPAN, en relación a la temporalidad en los
procedimientos para actuar en contra de los entes gubernamentales que
hayan incurrido en anomalías o no hayan respondido a las observaciones
del OSF.
“Esta
es una soberanía, no una subordinación a un poder supremo, debemos
velar por los intereses de a quienes representamos, somos un poder
autónomo que hacemos en tiempo y forma nuestro trabajo” aseveró el
panista. “Nosotros no somos juzgadores, por eso podemos dar parte al
Poder Judicial para que finque las responsabilidades correspondientes”
concluyó.
Posteriormente
el diputado priísta Arturo Robles Aguilar, consideró que muchos de los
compañeros se cierran al debate y no escuchan el sustento de las
acciones que se han tomado, pues la auditoría se hace al ente y no a una
persona en específico, por lo que la contraloría es la que deslinda
responsabilidades a los funcionarios involucrados.
El
dictamen que fue debatido, obtuvo la aprobación por una mayoría de 21
votos a favor, 4 en contra –GPPAN-, una abstención –PRD-, y una ausencia
–PT-.
Por
otro lado, el pleno aprobó también por unanimidad Reformas a la Ley de
Salud presentada por el Grupo Parlamentario del PRI para crear la
Comisión Estatal de Bioética y los comités municipales en la materia.
El
diputado José de Jesús Ríos Alba destacó que con esto se garantizan los
principios de humanismo en la investigación de salud y la medicina,
indicó que este será un foro para la reflexión, la deliberación y el
diálogo que ayudará a la resolución de conflictos éticos y orientar las
decisiones en circunstancias determinadas.