- Con esto se asegura que no exista intervención alguna del Gobierno del Estado en el proceso electoral 2012 - 2013
- Ya fueron publicados en el Periódico Oficial los lineamientos que deben seguir funcionarios y empleados públicos.
- Las dependencias encargadas de coordinar el blindaje son la Secretaría de Gobierno, de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Coordinación de Asesores del Gobernador.
Por instrucciones del Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, se
realizó el blindaje electoral para los servidores públicos, con el fin
de contribuir a que el uso de recursos y programas sea con
transparencia, apego a la legalidad y sin fines políticos, personales, electorales o partidistas, anunció el Secretario de Gobierno, Sergio Reynoso Talamantes.
El
funcionario estatal manifestó que los lineamientos con que deberán
conducirse los servidores públicos durante el proceso electoral local
2012-2013, que ya se encuentran publicados en la última edición del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes (POEA),
con fecha 21 de enero de este año, deberán ser atendidos de manera
puntual por aquellos que desde el Gobierno del Estado utilicen o
administren bienes, servicios o recursos de carácter público.
Reynoso
Talamantes explicó que dichos lineamientos son de carácter penal y
complementarios a lo ya establecido en en otros ordenamientos jurídicos y
reglamentos como el Código Electoral y la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públicos, que tienen sanciones del tipo electoral o
administrativo.
Por su parte, el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU), Alberto Solís Farías, señaló que quienes
incumplan estos lineamientos, pueden obtener sanciones que van de dos a
cinco años de prisión y la suspensión de derechos políticos por el
término de cuatro a siete años, aunado a las sanciones ya establecidas en otras Leyes o disposiciones jurídicas electorales, como las anteriormente referidas.
El Coordinador de Asesores del Gobernador, Jorge Varona Rodríguez detalló que las acciones que todos
los servidores públicos deben evitar y abstenerse de realizar previo,
durante y posterior a la jornada electoral, la promoción de la imagen
política propia, de un tercero o superior jerárquico con recursos del
erario, así como la distracción para usos propios o ajenos, de dinero,
valores, fincas o cualquier pertenencia del Estado, algún municipio u
organismo descentralizado.
También tienen estrictamente
prohibido realizar propaganda o promoción partidista, obligar a los
empleados del lugar donde desarrolla sus labores a emitir el voto a
favor de un partido político, coalición o candidato, destinar fondos,
bienes, vehículos, inmuebles o equipos que tengan a su disposición, actos considerados como faltas, finalizó Varona Rodríguez.