El pasado 14 de noviembre se cumplieron seis años del inicio del proceso en contra de quienes privaron de la vida a Andrea Nohemí Chávez Galván, sin que hasta la fecha exista alguna sentencia para el procesado, en un lento proceso por parte de las instituciones y funcionarios públicos, que ha retrasado el acceso a la justicia para Andrea Nohemí y su familia.
El asesinato de Andrea Nohemí fue calificado como homicidio con alevosía, ventaja y traición, al carecer el Estado, en su momento, con la tipificación penal de feminicidio, lo que implica un primer momento de obstaculización en el acceso a la verdad y la justicia.
Aunado a ello, durante este largo proceso, el juicio ha sido retrasado múltiples veces por falta de acciones directas de las autoridades y por una serie de obstáculos de la defensa del procesado, lo que ha implicado un desgaste emocional para su familia y revictimización para Andrea Nohemí.
Es preciso señalar que, en los casos relacionados con muertes violentas de mujeres, los procesos, llevados sin perspectiva de género, ni derechos humanos, y desde una lógica patriarcal del derecho, las sentencias son pocas, son revictimizantes y no hay acceso a la justicia, a la reparación del daño y la garantía de no repetición.
Pese a que en el feminicidio de Andrea Nohemí se encuentran los elementos necesarios para una sentencia que garantice a ella y su familia el acceso a la justicia, las condiciones institucionales han alargado el proceso más de lo necesario.
Nos unimos a la familia de Andrea Nohemí en la exigencia de una sentencia que garantice justicia para ella, que su proceso sea llevado siempre con perspectiva de género, y que no se alargue más la garantía de justicia, verdad, reparación y no repetición del daño para ella, para su familia y para todas las mujeres en el Estado, puntualizó Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado.
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