Con la imposición por parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para aprobar en lo general reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el partido de Andrés Manuel López Obrador busca atentar contra la libertad de prensa de las y los comunicadores de la radio, así como de sus audiencias.
El dictamen señala que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública en todo el país, lo que no sucede en ningún país democrático.
Entre las modificaciones Obradoristas, se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de la información, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”, lo que supone un error porque no acota las facultades que hoy pertenecen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La propuesta ha sido calificada como un retroceso a la libertad de expresión y a la democracia por especialistas como Irene Levy, presidenta de Observatel y catedrática de la Universidad Iberoamericana, así como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos.
“La participación de SEGOB en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato”, señaló Garfias Cedillo, quien se desempeñó como reportera de la radio en Aguascalientes.
Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados alistan una acción de inconstitucionalidad en caso de que el Senado de la República no modifique la minuta con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque consideran que la reforma a diversos artículos -entre ellos la fracción VIII del artículo 27, y la fracción I del artículo 8-, podría influir en las líneas editoriales de los medios de comunicación y atentar lo que se ha logrado en materia de democracia y libertad de expresión, lo que significará un retroceso para el país.
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