Ante Diputados de la Comisión de Vigilancia Compareció el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

• Piden diputados datos del seguimiento que se ha dado a las sanciones a ex funcionarios.
• Sugieren mayor asesoría y capacitación a los alcaldes para mejorar manejo de recursos públicos.

Como último compareciente de este martes, tocó turno al Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Alberto Solís Farías, quien acudió ante la Comisión de Vigilancia ampliada -encabezada por el legislador Arturo Robles Aguilar- con motivo del análisis de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Un vez iniciada la mecánica, el diputado del PRI, Arturo Robles Aguilar refirió que desde 2007, el Congreso del Estado ha emitido 550 observaciones y ordenado diversas investigaciones, por el monto de  mil 500 millones de pesos. Preguntó cómo ha resuelto la Secretaría estas investigaciones, cuántos funcionarios han sido sancionados y cuántas dependencias han sido sujetas  a auditoría en estos dos años de la administración actual.

El titular de la Secretaría de Fiscalización Alberto Solís Farías indicó que se han resuelto 197 procedimientos y sancionado a 283, muchos de ellos por omitir el procedimiento de declaración patrimonial. Dio a conocer que  de 920 expedientes resueltos, 469 ya fueron desahogados y emitidos con sus respectivas sanciones, en comparación con la anterior administración que de 2004 a 2010 sólo se sancionaron a  162 sancionados.

Al desglosar el tipo de castigos, el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas dijo que 321 fueron de carácter económico; por 79 inhabilitaciones y 30 amonestaciones.

Reveló que la Secretaría a su cargo ha realizado en lo que va de esta administración 58 auditorías financieras en materia de obra pública, adicional a 2 mil 150 visitas de inspección de obra pública, para vigilar la correcta aplicación del presupuesto, para conocer si realmente se aplicó la cantidad y calidad del material presupuestado, dijo.

En seguida, el legislador del Partido Nueva Alianza, Marco Arturo Reyes Delgado, pidió detallara al Fiscalizador Estatal lo referente a la revisión del gasto público, reflejado en el Presupuesto de Egresos 2012, y si por ende existió congruencia con el  aprobado por el Pleno de  la LXI hace un año.

Por  tal motivo, Reyes Delgado inquirió sobre en cuántas dependencias se incurrió en ilegalidad y cuántos funcionarios fueron sancionados, si ese fuera el caso.

En este punto, Solís Farías dijo que las auditorías ahora son más eficientes y sin necesidad de incrementarlas, aplicándose de manera mensual. Se revisan desde estados financieros de las dependencias, hasta ejecución de obra pública.

Los procedimientos fiscalizadores, afirmó, van encaminados a la prevención de omisiones o faltas de carácter administrativo, a fin de evitar la incorrecta utilización de recursos etiquetados.

Asimismo, Alberto Solís reveló que en este 2012, 186 funcionarios fueron sancionados; lo que corresponde a 101 de carácter económico, 21 amonestaciones y 34 inhabilitaciones.

En la segunda ronda, el legislador Marco Arturo Reyes Delgado; señaló a nombre de su grupo parlamentario, que ven con preocupación el manejo de los recursos públicos y en muchas ocasiones los desvíos u omisiones son por falta de conocimiento, y no tanto por dolo, por lo que el legislador Aliancista preguntó si se realiza asesoramiento técnico por parte de la Secretaría para que no presenten estos casos.

Mencionó que en la actualidad,  ex alcaldes en la cárcel y sujetos están sujetos a juicios por el presunto desvío de recursos y que muchos casos tal vez pudieron haberse evitado con instrucción adecuada en cuanto a la normatividad y lineamientos a los que deben sujetarse.

El responsable de fiscalización del gobierno del estado, informó que existe un convenio de colaboración para intensificar a partir del 2013 para coadyuvar en el asesoramiento de carácter preventivo, en los tres niveles de gobierno, como lo establece la propuesta de la Comisión Nacional Anticorrupción que presentó el Gobierno de la República.

Explicó que a los municipios se les ayuda en sus procesos de entrega recepción, pero a falta de un convenio hasta ahí se queda la asesoría, además del cumplimiento a la Constitución Local que obliga a que se respeta su autonomía, pero destacó que con el Convenio de colaboración citado,  se resolverá en buena parte esta situación.

En su oportunidad, el legislador José de Jesús Ríos Alba, con cuestionó si el señalamiento de la nueva Ley que otorga 20 días hábiles para que las Contralorías tomen las acciones pertinentes, le parece  un tiempo razonable

Solís Farías,  afirmó que la cuenta pública exige celeridad, por lo que de entrada esa medida previene incurrir en caducidad, y por ello es un tiempo conveniente.

Dijo que la clave es que se inicie el procedimiento de investigación, para actuar de manera ágil y eficaz.